- Resistencias y dificultades que con frecuencia ponen de manifiesto las, madres, padres, personas cuidadoras o tutores legales.
- Tomar decisiones por sus hijas e hijos considerando que son de su propiedad. Es mi hijo y yo soy su madre, yo soy su padre”, “nadie mejor que yo sabe lo que le conviene”. Comentarios como estos reflejan pensamientos que pueden llevar a negarles a las personas con discapacidad toda posibilidad de vida sexual y afectiva. Trabajar con madres, padres, personas cuidadoras y tutores legales con tolerancia y paciencia, haciéndoles ver que la vida de sus hijas e hijos puede mejorar en seguridad y bienestar, es una tarea prioritaria. Los grupos de apoyo entre madres y padres, ayudados por un profesional, es una alternativa para poner en común sus problemas y soluciones.
- Considerar que sus hijos e hijas nada pueden aprender sobre la sexualidad y las relaciones amorosas. Este prejuicio les lleva a no hablar con ellos de estos temas y, a veces, a oponerse a toda forma de educación o formación sexual. Convencerles de la necesidad de formación y ayuda en este campo es fundamental, para mejorar su seguridad (de forma que sepan interpretar lo que algunos abusadores les piden, sepan decir No y, si fuera necesario, pedir ayuda a la familia o a los profesionales), manifestar sus deseos e intereses sexuales y relacionarse de forma más adecuada con los demás.
- Creer que sus hijas e hijos son inocentes, no se enteran de nada y no tienen intereses sexuales. En la mayor parte de los casos, las personas con discapacidad tienen conocimientos (con alguna frecuencia confusos y maliciados por los demás) y experiencias diversas (a veces abusivas) de muy diferente tipo. En todo caso, las personas con discapacidad escuchan y observan muchas cosas con claros contenidos sexuales (a veces incluso pornográficos), por lo que están lejos de la inocencia que sus padres les atribuyen. No ayudarles es dejarles desamparados en medio de la desinformación.
- Tener el prejuicio que cualquier intervención en el campo de la sexualidad les llevará a masturbarse demasiado, ser precoces y promiscuos en las relaciones, sufrir embarazos y todo tipo de problemas. Los padres deben saber que es mucho más probable que se masturben menos cuando lo hacen bien, que estén menos obsesionados con la sexualidad cuando se habla abiertamente con ellos de estos temas y que están más seguros, frente a todo tipo de riesgos, si hacemos intervenciones adecuadas. Y, sobre todo, que no se trata solo de evitar problemas y riesgos, sino de conseguir que tengan más calidad de vida.
- Desconfiar o criticar abiertamente a los profesionales. Oponerse a las intervenciones en el campo de la sexualidad y los afectos y quejarse de falta de seguridad es contradictorio e irresponsable. Madres, padres y profesionales deben ser aliados y corresponsables en la formación sexual y afectiva y en el plan de vida de la persona con discapacidad.
- Promover y justificar prácticas nocivas que impiden a las infancias y adolescencias con discapacidad conseguir el pleno ejercicio de sus derechos humanos y dignidad. Algunas familias están de acuerdo con prácticas nocivas como la anticoncepción forzada y la esterilización forzada, en algunas ocasiones promovida por profesionales de la salud, docentes e incluso organizaciones de la sociedad que trabajan con personas con discapacidad. Estas prácticas deben ser eliminadas y los estados deben generar políticas y programas para evitar estas violaciones a los derechos humanos.
- Resistencias y dificultades que con alguna frecuencia ponen los profesionales
Por profesionales entendemos aquellos de la salud, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad, docentes, trabajadores sociales entre otros.
Aunque las y los profesionales suelen tener más claro la importancia de trabajar EIS con población con discapacidad, cuando se trata de infancias y adolescencias suele existir mayor resistencia. En este caso, dada su formación, suelen expresarlas de forma más elaborada, procurando legitimarlas con razones. Las que se encuentran con cierta reiteración son las siguientes:
- Considerar que los padres o familiares, dado que son conservadores y muy mayores, no van a colaborar para que sus hijas e hijos mejoren su calidad de vida en este campo.
- Temer denuncias, críticas o presiones de las madres, padres, personas cuidadoras o tutores legales. Nada mejor frente a las posibles críticas y denuncias que el trabajo en equipo e interinstitucional. Por otra parte, si los profesionales actúan siempre como mediadores, en lugar de tomar decisiones u ocultar informaciones a las familias, las posibilidades de que una denuncia llegue a hacerse o que sea efectiva es muy baja.
- Suponer que la dirección de los centros, las organizaciones, escuelas no van a aceptar cambios importantes que puedan mejorar la vida sexual y afectiva de las personas con discapacidad. Efectivamente venimos de una tradición en la que se tenían miedo a que estos asuntos les plantearan problemas que acabarán provocando escándalos pero esto va cambiando y cada vez se busca un modelo de derechos humanos para la atención de esta población.
- Declararse poco formados en este campo. Es verdad que la mayor parte de los profesionales no han recibido formación en relación con la EIS. Todo lo que se haga para mejorarla está en la buena dirección. Si no es posible formar a todos, se puede optar por dar una formación más específica a una o dos de las personas de cada centro, organización o espacio educativo. También se puede recurrir a la ayuda de algún especialista. Pero, en general, lo más importante es que los profesionales tengan una actitud positiva y se sientan motivados a apoyar la integración y normalización sexual y afectiva de las personas con discapacidad.
- Considerar que este tema es cosa de la familia y las propias personas con discapacidad, no de ellos. Es una forma de quitarse de encima esta responsabilidad, declarándose no responsable de la vida sexual y afectiva de las personas con discapacidad. Pero esta responsabilidad es ineludible para la familia y los profesionales, justo porque las personas con discapacidad necesitan apoyos y estos deben darlos el Estado, los familiares y los profesionales. La esencia de la actividad profesional es contribuir a que estas personas puedan mejorar su calidad de vida, en todas las dimensiones.